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Minería y derechos ambientales (conclusiones)
Dr. José Jara Vásquez | Enfoque | LUNES 9/9/2019

Enfoque

Recapitulando, a manera de conclusiones se ha dicho en este espacio que el Ecuador es un país con enorme potencial minero; que en la sociedad moderna no se puede prescindir de los productos de la actividad minera, pero que dicha actividad, como cualquier otra, debe hacerse respetando estrictamente los derechos ambientales consagrados en la Constitución de la República; que para dicho efecto existe normativa específica que debe acatarse; y que, finalmente, el principio ambiental rector aplicable es el “Desarrollo Sustentable”. En esta última entrega deseo enfatizar en la necesidad de promover la minería legal en el Ecuador, es decir aquella que cumpla con toda la normativa existente, pues, de no hacerlo, se estaría abriendo la puerta a la minería ilícita. Ello así porque, la experiencia demuestra que, descubierto un yacimiento metálico apetecible, si no se fomenta la minería legal, reglamentada y fiscalizada rigurosamente, tal yacimiento, posiblemente terminará por convertirse en un asentamiento de mineros ilegales, cuya depredadora e incontrolable actividad vulnerará irreversiblemente derechos ambientales, debiendo recalcarse que esta realidad aplica también para la minería no metálica y para los materiales de construcción. Es también destacable la obligación que tiene el Estado de invertir correctamente los cuantiosos recursos que se obtengan de la minería, principalmente en alimentación, salud, educación, vivienda y protección ambiental y nunca en gasto corriente. Esa saludable conducta administrativa contribuirá a afianzar el modelo sustentable de desarrollo que patrocina la Constitución de la República en el numeral 1 de su artículo 395, avanzando así en la consecución del “Buen Vivir”; “Sumak Kawsay”, ideal cardinal de la Carta Fundamental. Imposible obviar la imperiosa necesidad de proteger la naturaleza, el agua, la salud de los ecuatorianos y sus derechos ambientales, así como el privilegiado patrimonio biológico y paisajístico de la Nación. Tal necesidad no es únicamente una obligación jurídica, es cuestión de supervivencia y para hacerlo sensatamente, no se trata de satanizar actividades que, como la minería tienen cabida en nuestro sistema legal, de lo que se trata es precisamente de que nadie pase por encima de la ley, ni mineros ni antimineros. En buen romance, lo que se debe perseguir en la delicada relación minería – derechos ambientales, es que se cumplan las normas existentes y si algún sector no está de acuerdo con su contenido, el camino no es evadirlas con pretexto de proteger derechos económicos o ambientales, sino reformarlas por vía democrática. Gracias estimados lectores por su paciencia.

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